Hernán Lacunza - director de Empiria consultores

El Gobierno ofrece indicios de un cambio de actitud para relacionarse con el mercado financiero internacional. En los últimos meses accedió al pago de algunos fallos adversos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y aceptó el tutelaje del FMI en el nuevo índice de precios nacional. Además, habría habilitado un canal de negociación con los fondos "buitre". Son iniciativas saludables, pero es prematuro discernir si se trata de un cambio aparente o permanente. Bajo la hipótesis de que "la necesidad tiene cara de hereje", el Gobierno habría comprendido la insostenibilidad de una trayectoria descendente de las reservas y las crecientes dudas sobre la paridad cambiaria. Sin embargo, la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos (atraso cambiario superior al 30% y déficit cambiario de U$S 15.000 millones en 2014-15) inhibe pensar en un par de pinceladas para recuperar el crédito externo.

Alcanzar este propósito, requiere una batería de medidas consistente y, sobre todo, persistentes. Si se tratara de un enfoque reversible, apenas pueda asomar la nariz sobre la línea de flotación, el efecto sería efímero y contraproducente. Desde el pico de mediados de 2011, la caída acumulada de las reservas propias (sin financiamiento externo) se acercaría a los U$S 20.000 millones (casi un 40%), reacelerándose en el último bimestre. Sin embargo, se percibe cierto desorden en la regulación cambiaria. El desdoblamiento implícito en la suscripción de los Bonos Argentinos para el Desarrollo Económico (Baade) por parte del grupo petrolero Bridas habría quedado prácticamente abortado por una normativa del Banco Central destinada a las empresas cerealeras.

Por otro lado, no habrá cambios significativos del régimen cambiario sin el aval de la presidenta Cristina Fernández. El status quo normativo se prolongará lo que dure la convalecencia de la máxima autoridad política del país.

La notable desaceleración del ritmo devaluatorio debe entenderse bajo la premisa de evitar ruido cambiario antes de las elecciones. Los desafíos cambiarios exceden largamente las posibilidades de compensar el faltante de divisas derivado del atraso cambiario acumulado. Un eventual cambio de rumbo ayudaría a suavizar la trayectoria del ajuste cambiario, e inhibir situaciones de estrés que amenacen el control de la autoridad monetaria.

Menos efectivo, más tasas
La recomposición de la liquidez podría interrumpirse, al menos hasta diciembre, si la emisión para financiar al fisco se toma un respiro y no afloja el ritmo de venta de divisas. A mediano plazo, la liquidez sistémica dependerá, más críticamente, de que se disipe la incertidumbre cambiaria, ya sea por el mecanismo virtuoso de mayor acceso al financiamiento externo (prematuro por el momento), o por la vía menos saludable de imponer nuevas restricciones a la demanda. En la medida en que persista la incertidumbre cambiaria luego de las elecciones, la presión sobre las tasas de interés podría acentuarse en las próximas semanas, al combinarse con un entorno de menor liquidez. En este marco, es probable un salto adicional en la tasa Badlar, para alcanzar niveles de entre 19,5% y 20% anual.

Escenario externo
El Gobierno mostró indicios de un cambio de estrategia para relacionarse con el mercado financiero internacional, si se hilvanan algunas iniciativas recientes en tres esferas importantes:

• Ciadi: se accedió al pago -con bonos, y alguna quita- de cinco litigantes con fallo firme en contra de la Argentina, tras años de haber sostenido enfáticamente que jamás se pagaría a los demandantes, a menos que reclamaran ante la Justicia local.

• FMI: hubo una negociación intensa para evitar sanciones respecto de la calidad de la información del índice de precios oficial (aunque se desconoce si el nuevo índice nacional solucionará los problemas de la medición actual, que no son metodológicos).

• Fondos buitre: El Gobierno hizo circular la versión de una negociación abierta con los holdouts, que podría involucrar también a los tenedores de deuda post-canje (interesados en que el país no entre en un nuevo default). Debe destacarse que se trata de iniciativas saludables, contrarias a la estrategia financiera desplegada en los últimos años, y tendientes a pavimentar el camino hacia la reinserción financiera del país. Si bien la información oficial es escasa e inorgánica, si a los avances ciertos del litigio en el Ciadi se sumaran progresos concretos en los otros frentes, las chances de un cambio de rumbo serán más robustas.

A la luz de los antecedentes similares, donde los indicios amigables hacia los mercados de deuda resultaron abortados abruptamente, cuando no revertidos sin miramientos en las semanas siguientes, obligan a explorar la sostenibilidad y el alcance del eventual cambio de rumbo. Es prematuro discernir si se trata de un cambio aparente o permanente. La temporaria ausencia de la Presidenta por razones de salud no ayuda a disipar incógnitas respecto de su aval a iniciativas contrarias a un discurso oficial muy combativo con los mercados financieros.

Descartada la hipótesis de algún oportunismo electoral (ya que se supone que estos temas no rinden réditos políticos, sino más bien lo contrario), puede postularse que "la necesidad tiene cara de hereje", donde el Gobierno habría comprendido la insostenibilidad de una trayectoria descendente de las reservas y crecientes dudas sobre la paridad cambiaria, que a esta altura, el cepo ya no sólo no evita, sino que agudiza, anticipando importaciones y postergando exportaciones.